En estos momentos ya nadie defiende los intereses de la apicultura valenciana y la Administración Valenciana lleva 15 años castigando a los apicultores con Decretos de la pinyolà que no tienen ninguna justificación, ni científica, ni económica y que además están al límite de la legalidad. Por eso algunos apicultores de APIADS han decidido pasar a la acción y buscar justicia a través de los tribunales.
La Conselleria de Agricultura adeuda a los apicultores 12 millones de euros en concepto de las ayudas indemnizatorias a los apicultores por la denominada «pinyolà», correpondientes a los años 2007 y 2008. La Orden de 21 de julio de 2008 es una nueva burla intolerable a los apicultores valencianos.
En el pasado mes de agosto, algunos apicultores de APIADS a nivel individual, han presentado recurso de reposición, ante la Consellera de Agricultura y quejas ante los defensores del pueblo (Sindic de greuges, Español y Europeo).
Los motivos fundamentales del recurso y las quejas se indican a continuación y podrían constituir una vulneración de los derechos fundamentales de los apicultores valencianos.
La Orden de 21 de julio de 2008, (Dogv de 4 de agosto de 2008) de La Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las ayudas indemnizatorias a los apicultores con motivo de la aplicación del Decreto 30/2007, de 26 de febrero de 2007, del Consell, para limitar la polinización cruzada en plantaciones de cítricos y por la que queda sin efecto la Orden de 23 de noviembre de 2007, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La mencionada Orden no se adecua a lo preceptuado en el Reglamento CE nº 1535/2007, de la Comisión, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de mínimis en el sector de la producción de productos agrícolas. (DOCE L 337, de 21-12-2007) Y por ello, debería estar sujeta a la obligación de notificación o comunicación a la Comisión Europea, tal y como establece el artículo 33 del Decreto 147/2007
Esta normativa que establece las ayudas indemnizatorias a los apicultores, al igual que en años anteriores, persiste en el error de dejar de forma injusta sin posibilidad de indemnización a las colmenas de los apicultores que se incorporan a la actividad con posterioridad al 31 de enero de 2001. Esta circunstancia es una forma cruel y sutil
de asfixiar un sector porque no facilita la instalación de nuevos apicultores y no garantiza el relevo generacional necesario para su viabilidad. En cualquier normativa Europea de ayudas al sector agrario se prioriza a las explotaciones jóvenes que se incorporan a la actividad.
Al mismo tiempo, la Orden de 21 de julio de 2008, vulnera el derecho de igualdad reflejado en el artículo 14 de la Constitución Española y supone una actitud discriminatoria entre los iguales, que en este caso serían los apicultores.
Además hay que tener en cuenta que la indemnización por la retirada de colmenas de la zona citrícola, no es una ayuda, es simplemente una indemnización por lucro cesante. De ese modo, una indemnización por lucro cesante, no debería poder prorratearse y sin embargo deberían actualizarse periódicamente y también aplicarle el IPC correspondiente. Sería necesario la realización de un estudio para la actualización de la indemnización acorde con la situación actual delsector.
En nuestra opinión, actualmente el lucro cesante de retirar las colmenas de la zona citrícola es superior a 50 euros por colmena. La Conselleria lleva mucho tiempo burlándose descaradamente del sector y ahora ha superado todos los límites. A pesar de que ya había sido informada por la Comisión sobre la incompatibilidad de las ayudas
indemnizatorias, La Conselleria publicó una nueva prohibición este mismo año 2008, sabiendo que era casi imposible que pudiera hacer efectivo el pago de esa indemnización a los apicultores. Con toda esta información, se ha comprobado que El Decreto 28/2008 para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos,
publicado el 31 de marzo, no sólo fue una salvajada sanitaria, sin justificación científica, ni económica, sino que además era ilegal y la Conselleria era consciente de todo ello.
La situación de la apicultura esta al borde del colapso, a la grave crisis sanitaria, de producción y precios, y este nuevo atropello a los apicultores podría ser la puntilla. Los apicultores podrían dejar de cobrar 12 millones de euros que les pertenecen legítimamente por el esfuerzo que han hecho por cumplir esa normativa injusta que les ha impedido producir más del 60 % de los ingresos anuales de sus explotaciones.
Ahora serán los tribunales de justicia los que se pronuncien sobre si realmente se han vulnerado los derechos fundamentales de los apicultores valencianos.
Resulta paradójico que mientras en muchos países luchan por tener suficientes colmenas para cubrir sus necesidades de polinización en uncontexto mundial de déficit de polinizadores. Por el contrario, en laComunidad Valencina lamentablemente, la apicultura no está a penasvalorada e incluso está penalizada y los apicultores son tratados a veces casi como delincuentes.
Las Administración Valenciana debería abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde y darse cuenta que los productos apícolas pueden importarse de cualquier parte del mundo pero lo que no puede importarse es la polinización y es eso lo que hace que la apicultura sea imprescindible para nuestros ecosistemas naturales y agrarios.
Desde APIADS vamos a seguir apoyando cualquier iniciativa que contribuya a la defensa de los intereses de los apicultores.
FDO: Enrique Simó Zaragoza 10 de septiembre de 2008
Servicios técnicos de APIADS. agrupación defensa sanitaria apícola.
Avda Jose Vidal Canet nº 83. 46740 Carcaixent. (Valencia) España